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Hoy (por el día de ayer) se celebra la Asamblea de la SGAE, varias veces aplazada, en la que el mayor de los desafíos es aprobar unos estatutos que el Ministerio de Cultura valide como los que normalizarán la vida de la entidad, que arrastra desde hace años la más grave y larga crisis de su historia. Sin embargo, en las últimas horas, un creciente número de socios ha empezado a expresar su preocupación por otro de los puntos del día de la Asamblea, convocada por la Junta Directiva y la presidenta Pilar Jurado.

Se trata del punto 5 de ese orden del día, que dice así: «5. Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la Entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto». Al parecer se trata de 10 millones de euros que son «pasivo», porque están pendientes de reparto y que en caso de aprobarse el punto 5 pasarían a formar parte del saldo contable de la gestión, en un año en el que la recaudación, según denuncian, no ha sido buena, o no tan buena como Pilar Jurado ha anunciado. Ella ha dejado ver que la de 2019 es una de las mejores recaudaciones de la década. Otras fuentes afirman que caerá en 40 millones sobre el año pasado.

«Nos piden que le regalemos 10 millones»

«Es como si nos pidieran a los socios que les regalemos diez millones de nuestro dinero para cuadrar sus cuentas y decir que son mejores gestores de lo que son», comenta un músico. Además, tal y como ha publicado estos días el blog del expresidente de la SGAE José Miguel Fernández-Sastrón, que se encuentra entre quienes se sienten escandalizados por este intento de desviar un dinero pendiente de reparto para otros fines, la medida podría vulnerar la ley y traer consecuencias. En definitiva es un reparto que no se ha hecho efectivo por una deficiente identificación de su procedencia, lo que lleva a un problema de trazabilidad de la recaudación que muchos socios ponen entre los más urgentes de mejora en la entidad.

Como siempre en la SGAE, hay distintas maneras de explicarlo. Mientras se citan informes de despachos externos de abogados que defiende la legalidad de este movimiento, Sastrón aduce que vulnera directamente el vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, además de que es una operación de ingeniería contable para transformar pasivos en ingresos de la entidad, con una petición a la Asamblea para que lo sancione y que no aclara de donde proceden esos fondos tan cuantiosos ni de quién serían en un proceso de reparto.

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